El amianto
El amianto en España
El amianto o asbesto es un mineral fibroso de propiedades ignífugas y resistente a la abrasión, que se convirtió en un material «indispensable» y fue empleado masivamente en diversos procesos industriales y productos manufacturados desde comienzos del siglo XX: productos textiles, aislamientos térmicos, industria del fibrocemento, siderurgia, construcción naval, automoción, etc.
El boom de la importación de amianto se produjo a mediados de los años sesenta, casi una década y media más tarde que en el entorno europeo, siendo su destino mayoritario el sector del fibrocemento, ligado en buena medida a los crecientes consumos de materiales de construcción por las obras contempladas en los Planes de Desarrollo puestos en marcha desde 1964. Este crecimiento tuvo su reflejo en la población empleada en el sector que pasó de 3.095 trabajadores en 1962 a 5.983 en 1967.
La construcción naval fue otro de los sectores en expansión en la década de los sesenta, que consumió importante cantidades de amianto para ser empleado como material aislante en cámaras de máquinas y calderas, en conducciones de aire, pasos de cables eléctricos y mamparos exteriores e interiores. Hay que considerar además la construcción naval militar, con mayores necesidades de aislamientos que los barcos comerciales y la reparación de los buques de guerra norteamericanos que llegaron a nuestro país tras la firma de los acuerdos cooperación de 1953.
La industria siderometalúrgica (aislamientos de hornos y calderas, revestimientos, etc.) y la automovilística (empleo en zapatas, pastillas de freno y disco de embrague) fueron otros sectores con un consumo destacado de amianto.
El período de mayor consumo se registró entre 1968 y 1981, con valores anuales superiores a las 60.000 Tm, alcanzando el máximo consumo en 1974 con 126.000 Tm importadas.
El problema del amianto
En nuestro país se carece de estimaciones adecuadas sobre el número de trabajadores expuestos. La creación en 1987 del Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), no ha servido para paliar el deficiente registro de sujetos expuestos, a causa del carácter voluntario de la inscripción por parte de las empresas y la ausencia de un registro histórico. El problema del amianto en España pone de relieve las insuficiencias de los sistemas de prevención, sancionador y de compensación en salud laboral.
Se estima que, entre 40.000 y 60.000 trabajadores españoles morirán de cáncer hasta el 2030 por haber estado expuestos al amianto en las últimas décadas.
Las cifras son de auténtico escándalo, pero todavía es más escandalosa la desatención y el olvido de los poderes públicos hacia las víctimas y sus familiares, en una situación explosiva que requiere la adopción de medidas urgentes de reparación e indemnización, ya que las empresas para las que trabajaron hicieron todo lo posible por retrasar la prohibición del amianto.
Estas empresas no han asumido voluntariamente su responsabilidad con las víctimas del amianto y son muy pocas las que, por exigencias judiciales, lo han hecho. Se escudan en que cumplían con la normativa y en que se desconocían los efectos del amianto. Las pruebas apuntan a que ni lo uno ni lo otro es cierto.
Por otro lado, el Estado, una vez prohibido el amianto en 2001, trata de esquivar sus responsabilidades, poniendo toda clase de obstáculos y trabas a las víctimas cuando reclaman sus derechos y obligándolas a emprender largas y costosas reclamaciones jurídicas.
El resultado es que a veces el reconocimiento de los derechos llega tarde y muchos ya no los pueden disfrutar porque han fallecido.
Objetivos y acciones necesarias
El resultado es que a veces el reconocimiento de los derechos llega tarde y muchos ya no los pueden disfrutar porque han fallecLos objetivos y acciones necesarias frente al problema del amianto en España son:
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La elaboración de un censo de las personas expuestas a este material desde los años 60 hasta nuestros días, estableciendo planes de acción prioritarios en los sectores de la industria naval, fibrocementos, ferroviario, automóvil, etc.
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El programa de vigilancia sanitaria de las personas expuestas debería ser centralizado y estable, definiéndose un servicio de neumología y radiología de referencia por comunidad autónoma en el que las pautas de diagnóstico y atención a los afectados fueran homogénas. Asimismo, dicho programa debería ser abierto, atendiendo a toda persona que haya estado expuesta al amianto de forma puntual o permanente y padezca algún tipo de afección.
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Compensar e indemnizar a las víctimas.
